Los electores están discutiendo una serie de medidas, como el agua y los derechos indígenas, que podrían convertirse en una nueva carta magna.

La asamblea constituyente de Chile ha comenzado oficialmente a debatir una propuesta de nueva constitución, que reemplazaría la que ha existido desde la dictadura del general Augusto Pinochet.

La asamblea inició el martes un proceso que probablemente llevará mucho tiempo, discutiendo, entre otras cosas, planes para nacionalizar la minería, la creación de un Congreso unicameral, derechos de agua, protección de territorios indígenas y otros temas.

“En este período veremos qué quedará exactamente en la constitución propuesta”, dijo la presidenta de la Asamblea Constituyente, María Elisa Quinteros, señalando que el proyecto de ley se enfrentará a un referéndum nacional previsto para septiembre.

Las discusiones se producen cuando Gabriel Boric, un ex líder de manifestaciones estudiantiles de izquierda de 36 años, asumirá el cargo de próximo presidente de Chile en marzo.

Su ascenso al cargo más alto del país marcó el cambio político y social más dramático del país desde el regreso del país a la democracia en 1990.

En la lista de discusiones están los derechos de propiedad y agua, la independencia del banco central y las prácticas laborales. Otros temas incluyen los derechos de los animales, la educación feminista, la protección de la naturaleza y la legalización de la marihuana.

La propuesta se debatirá en los próximos meses y requiere la aprobación de dos tercios de los delegados, o unos 103 votos.

De ser aprobados, enfrentarán un proceso de modificación antes de una segunda votación definitiva para su inclusión en el texto final. Si son rechazados volverán a la comisión para su revisión o eliminación.

La posibilidad de que se produzcan cambios bruscos en el país ha generado preocupación entre los conservadores y también ha causado inquietud entre los inversores y las empresas mineras.

Quinteros trató de disipar esos temores, diciendo que había mucha “desinformación” en torno al proceso y que la moción aún estaba en sus primeras etapas.

Pero tales preocupaciones han hecho que el proceso pierda apoyo, y una encuesta realizada por la encuestadora privada Cadem muestra que el porcentaje del público que actualmente dice que tiene la intención de votar a favor de la nueva Constitución ha caído del 56 al 47 por ciento.

El órgano constitucional, elegido el año pasado, está dominado por representantes independientes y de izquierda, algunos de los cuales tienen sus raíces en un movimiento de protesta de 2019 provocado por la desigualdad en uno de los países más ricos de la región.

Kenneth Bunker, director de la consultora Tresquintos, dijo que era un momento importante para plantear “preocupaciones” para evitar acciones “estrafalarias” y que socaven la confianza en el proceso.

Pero Bunker dijo que todavía pensaba que la nueva constitución eventualmente sería aprobada, a pesar de que plantearía desafíos para el nuevo gobierno de Boric.

“En el corto plazo, el gobierno de Gabriel Boric, si se aprueba esta Constitución, enfrentará un verdadero desafío para equilibrar la infraestructura social con la actual situación política y económica de Chile”, afirmó.