En un comunicado, la SMA dijo que el caso se inició debido a las quejas de los vecinos y realizó recomendaciones para manejar las partículas liberadas por los mineros.
“Si bien no hubo violaciones en cuanto a las medidas y estándares relacionados con la calidad del aire, se observaron mejoras que podrían implementarse en acuerdos voluntarios entre empresas y comunidades”, dice el comunicado.
En un comunicado emitido tras el anuncio, Antofagasta dijo que se activaron los protocolos correspondientes y que laboratorios externos y autoridades realizaron mediciones de agua luego de que se detectara escorrentía de estanques en comunidades locales en noviembre pasado.
“Todas estas mediciones descartan cambios en la calidad del agua en el estero Camisas”, se lee en el comunicado.
La compañía dijo que estaba revisando el alcance del proceso de sanciones para determinar los próximos pasos.
Las infracciones graves pueden significar la pérdida del permiso ambiental de la mina, el cierre o multas. Las infracciones menores pueden resultar en una advertencia por escrito o una multa. En este caso, la multa máxima podría ser de hasta 7.500 millones de pesos chilenos (9 millones de dólares).
La empresa tiene 10 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento detallando cómo mejorará y 15 días hábiles para formular sus argumentos.
Esta es la tercera vez que la mina enfrenta un proceso de sanción, la primera, en 2013, que resultó en multas y otra en 2016, que terminó en un programa de cumplimiento.
(Por Fabián Andrés Cambero y Alexander Villegas; Editado por Natalia Ramos y Aurora Ellis)
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