El 4 de julio de 2022, exactamente un año después de la primera reunión de la asamblea constituyente, el presidente Gabriel Boric aceptó el borrador de la nueva constitución de Chile. En poco tiempo, el texto había sido traducido a una docena de idiomas para que lo compartieran periodistas, políticos e intelectuales de todo el mundo. La respuesta, en su mayor parte, fue abrumadora, con una carta abierta que declaraba el documento como un “nuevo estándar global” firmado por un gran número de economistas y científicos sociales de renombre mundial, incluidos Thomas Piketty, Jayati Ghosh y Gabriel Zucman. De hecho, Luc Lavrysen, presidente del Tribunal Constitucional belga, ha señalado que si nueva constitución chilena aprobado, será el más avanzado del mundo en materia de protección ambiental.

Este elogio se deriva del hecho de que el proyecto de constitución establece explícitamente los derechos a la naturaleza, incluido el derecho inherente a la vida, que no puede ser obstaculizado por otros derechos. Esta protección responsabiliza al Estado por todo tipo de daños ambientales, entre ellos: contaminación y desestabilización del ecosistema. Por ejemplo, el diseño se basa en el derecho de la naturaleza a consagrar el derecho humano al aire limpio y, en general, a vivir en un entorno saludable. El documento también estipula elementos comunes de la naturaleza ampliamente definidos, que incluirán el agua y el aire, para ser preservados en una forma adecuada para las generaciones presentes y futuras; muchos de estos principios de conservación a largo plazo son practicados por ambientalistas de todo el mundo. Dado que, según este principio, el Estado chileno será responsable de velar por la integridad de los ecosistemas de la nación, conservando, por ejemplo, cuencas hidrográficas, glaciares, permafrost y océanos, el deleite de los ambientalistas señala que este compromiso representa un requisito legal. para combatir el cambio climático.

Ahora bien, es importante notar cómo el estado permitirá hacer cumplir todo esto, ya que el estado chileno está renovado casi en su totalidad en el proyecto de constitución. En contraste con la autoridad mayoritariamente centralizada basada en el Senado que ha gobernado Chile desde el gobierno del general Augusto Pinochet, la visión del borrador es un ‘estado regional’ compuesto por regiones y comunas relativamente autónomas. Sobre la base de la formación de gobernadores regionales, el establecimiento de la Asamblea Regional fortalecerá aún más la infraestructura de la democracia participativa en Chile, permitiendo una amplia participación en plebiscitos, referéndums y consultas.

Los votantes chilenos acudirán a las urnas el 4 de septiembre.