Miles de supervivientes de la tortura y sus familias desaparecidas durante el brutal régimen del general Augusto Pinochet aún no han recibido verdad, justicia y reparación, afirmó hoy Amnistía Internacional, antes del 40º aniversario de su toma del poder. en un petición firmada por miles de activistas, la organización pide a las autoridades chilenas que pongan fin a todos los obstáculos para proteger a los autores de abusos contra los derechos humanos en el país. “Es inaceptable que a 40 años del golpe militar, la búsqueda de justicia, verdad y reparación en Chile siga viéndose obstaculizada. Las leyes de amnistía siguen protegiendo a los violadores de derechos humanos del procesamiento, persisten grandes retrasos en el proceso judicial y las sentencias impuestas no reflejan la gravedad de los crímenes cometidos”, afirmó Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa de las Américas de Amnistía Internacional. Decenas de miles de personas fueron detenidas, torturadas, asesinadas o desaparecidas. El número total de personas reconocidas oficialmente como desaparecidas o asesinadas en Chile entre 1973 y 1990 llegó a más de 3.000 y los sobrevivientes de encarcelamiento político y/o tortura ascendieron a alrededor de 40.000. El Decreto Ley de Amnistía, aprobado en 1978, eximió de responsabilidad penal a todas las personas que cometieron violaciones de derechos humanos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. Aunque varias decisiones judiciales han evitado implementar la ley de amnistía, la existencia de la ley de amnistía es inconsistente con las obligaciones internacionales de derechos humanos de Chile. “El gobierno chileno debe erradicar el legado de violaciones graves y generalizadas cometidas en el pasado, derogar inmediatamente la ley de amnistía porque su existencia ya es un golpe para miles de víctimas del régimen de Pinochet y sus familias, y garantizar todos los derechos humanos. las violaciones se tramitan en tribunales ordinarios”, afirmó Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional Chile. Hasta la fecha, al menos 262 personas han sido condenadas por violaciones de derechos humanos y hay más de 1.100 procesos judiciales abiertos. “En gran medida gracias a la lucha continua de muchas víctimas y sus familias, así como a algunos fiscales y jueces valientes, algunos de los responsables de estos crímenes han sido llevados ante la justicia. “Es hora de que las autoridades lleven a cabo todas las reformas necesarias para garantizar que violaciones tan graves no vuelvan a ocurrir”, afirmó Guadalupe Marengo. Fondo Las fuerzas armadas lideradas por el general Augusto Pinochet tomaron el poder en Chile de manos del gobierno electo del presidente Salvador Allende en un sangriento golpe militar el 11 de septiembre de 1973. En los últimos años, los tribunales no han implementado leyes de amnistía. Sin embargo, su presencia continua en el derecho interno es inconsistente con las obligaciones internacionales de derechos humanos de Chile.

En 1991, el Informe de la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación (Comisión Rettig) documentó 2.296 personas asesinadas por motivos políticos, incluidos casi mil casos de desapariciones forzadas. En 2004 y 2005, informes de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech) encontraron que 28.459 personas fueron detenidas por motivos políticos y que la mayoría de ellas fueron víctimas de tortura. Esta comisión fue reabierta en 2010 para examinar más a fondo casos de desapariciones forzadas, asesinatos políticos, encarcelamiento político y tortura. El número total de personas reconocidas oficialmente como desaparecidas o asesinadas en Chile entre 1973 y 1990 fue de 3.216 y los sobrevivientes de prisión política y/o tortura ascendieron a 38.254. En los últimos años se han logrado algunos avances positivos con la transferencia de algunos procedimientos judiciales por crímenes cometidos en el pasado de los tribunales militares a los tribunales civiles para garantizar una mayor independencia e imparcialidad. Sin embargo, la jurisdicción militar todavía se aplica a las violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército y las fuerzas de seguridad. En los últimos meses, Amnistía Internacional ha recogido más de 25.000 firmas a través de una petición en línea. Amnistía Internacional insta a las autoridades chilenas a derogar el Decreto Ley de Amnistía de 1978 y otras leyes que conceden amnistía a los autores de violaciones de derechos humanos; reformar el Código de Justicia Militar para garantizar que las violaciones de derechos humanos cometidas por personal militar y fuerzas de seguridad en Chile sean investigadas y juzgadas ante tribunales civiles; apoyar y fortalecer iniciativas destinadas a preservar la memoria histórica de graves violaciones de los derechos humanos y colocar los derechos humanos en el primer plano de todas las políticas y programas. Esta petición permanecerá activa hasta finales de septiembre.