Por Hoimi Mukherjee
La elección del 7 de mayo en Chile para elegir a los miembros del Consejo Constitucional marca otro paso en un proceso de elaboración de la Constitución de dos años que apunta a reemplazar la actual. El Proceso Constituyente se inició en circunstancias muy diferentes y las circunstancias actuales plantean interrogantes sobre si se cumplirán las genuinas demandas de la ciudadanía.
En octubre de 2019, se produjeron disturbios sociales masivos en las ciudades chilenas después de que se aumentara la tarifa del metro en treinta pesos. Los enfrentamientos entre activistas estudiantiles y policías por la ocupación de la estación de metro, el salto de la puerta giratoria y otras acciones de desobediencia civil se tornaron violentos. Los daños a la propiedad pública y los excesos policiales llevaron a que los comuneros se unieran a las protestas y exigieran la derogación de la Constitución de 1980. La consigna “No son treinta pesos, son treinta años” de las protestas se centró en las presiones socioeconómicas atribuidas al marco neoliberal de la Constitución de 1980. En particular, se consagra en la Constitución el principio de subsidiariedad entre los sectores público y privado, teniendo mayor peso el primero. Esto estableció el sistema de jubilación individual de Chile que proporcionó una subsistencia modesta para la mayoría de los chilenos, su sistema de atención médica privatizado basado en seguros que lo hacía inasequible para la clase trabajadora y un sistema de vales en educación para brindar educación privada. Los partidos políticos tradicionales en todo el espectro político no responden y la clase política en general no se da cuenta del descontento; de ahí que se caracterice como “repentino”, “boom social” o “boom social”. Para controlar el movimiento, el presidente Sebastián Piñera aprobó el uso de la fuerza bajo un estado de emergencia, lo que resultó en una reacción exagerada de la policía que enfureció aún más al público.
A mediados de noviembre, partidos políticos de todo el espectro mantuvieron una reunión a puertas cerradas con el presidente del Senado y decidieron el ‘Pacto por la Paz Social y una Nueva Constitución’. En la reunión participaron independientes y otras organizaciones destacadas, aunque muchos grupos de la sociedad civil no fueron invitados. Este acuerdo establece una Comisión Técnica que redactará las reformas a la Constitución vigente para su derogación. Estas reformas fueron introducidas a finales de diciembre de acuerdo a la demanda del pueblo y apuntaban a tres aspectos que condicionaron el fin de la Carta de 1980. Primero, se hará un referéndum si se quiere mantener la Constitución de 1980 o revocarla y si ordenan al Congreso
En octubre de 2020, el setenta y ocho por ciento de la población votó por la nueva Constitución y el setenta y nueve por ciento apoyó la creación de una Asamblea Constituyente. La Asamblea tendrá 155 miembros bajo reglas de paridad y diecisiete asientos reservados para nativos. Además, el cronograma para el borrador, la extensión y las reglas de votación dentro de la Asamblea se mencionan individualmente. En mayo de 2021, los chilenos eligieron miembros de la Asamblea, y los independientes obtuvieron 103 escaños, lo que representa poco más del sesenta y seis por ciento del total. El partido de la izquierda tradicional ganó solo el diecisiete por ciento de los escaños y el partido de la derecha ganó un tercio, lo que demuestra su desilusión con la política tradicional. El profesor Javier Couso comentó que la asamblea estaba compuesta en gran parte por izquierdistas, muchos de los cuales estaban vinculados a las organizaciones de la sociedad civil que lideraron las protestas de 2019. La configuración estuvo marcada por disputas entre varias facciones y una campaña de desinformación, pero dos tercios votaciones para el quórum y aceptación de disposiciones regula el proceso de redacción de documentos que contiene 388 artículos.
Simultáneamente, la elección presidencial tuvo lugar en un ambiente polarizado en noviembre de 2021, con los dos principales candidatos con puntos de vista diferentes sobre la redacción de una nueva Constitución. El candidato presidencial de derecha, José Antonio Kast del Frente Social Cristiano, abogó por mantener la Constitución de 1980, mientras que Gabriel Boric de Apruebo Dignidad fue el líder de la protesta de 2019, asistió al Acuerdo por una Nueva Constitución de 2019 y, por supuesto, apoyó la redacción. de una Nueva Constitución. La superposición de los dos procesos políticos afecta la agenda electoral y se somete a votación el contenido de la constitución. Tras la victoria de Boric en 2021 y su nombramiento en marzo de 2022, Boric apoyó el contenido progresista del proyecto de constitución y alineó estrechamente el programa de su gobierno. Se ha especulado sobre su contenido, la influencia generalizada de la opinión pública y las campañas de desinformación a través de los medios tradicionales y sociales. El presidente aceptó el proyecto de constitución de la Asamblea en julio de 2021 y declaró el 4 de septiembre de 2022 como la fecha del referéndum para votar sobre la Constitución. El proyecto de Constitución es considerado un documento progresista que identifica a Chile como una democracia social, pluralista, intercultural y ecológica. Además de redefinir la naturaleza del estado, subraya la nación amplia a través de la provisión de un sistema nacional de salud pública, un sistema de seguridad social y educación superior gratuita. Los partidarios y opositores del borrador formaron bloques de “aprobación” y “rechazo” e hicieron una amplia campaña y el gobierno pretendía educar al público sobre las disposiciones.
Por votación obligatoria, el borrador fue rechazado por aproximadamente el sesenta y dos por ciento de los trece millones de votantes elegibles. Los resultados se han atribuido a malas comunicaciones, campañas de desinformación, financiamiento masivo por parte de “bloques de rechazo”, un referéndum sobre el gobierno de Boric y la falta de manejo de las demandas iniciales, entre otras cosas. Esto detuvo el proceso de elaboración de la constitución hasta enero, cuando los partidos políticos lo reanudaron a través de un nuevo Acuerdo para Chile. Los sucesivos ejercicios de opinión pública de Espacio Público (noviembre 2022), Cadem (diciembre 2022) y Activa (enero 2023) muestran un alto apoyo a la nueva Constitución. El Nuevo Testamento ordena el importante papel del Congreso en la redacción de la Constitución. El Congreso aprobó reformas constitucionales al amparo del Tratado por Chile y firmadas por el Presidente y publicadas en un boletín de gobierno el 17 de enero de 2023. Posteriormente, el Congreso nombró a veinticuatro miembros de Comités de Expertos con base en el principio de paridad y división de representantes en el Congreso. Simultáneamente, el Congreso estableció un Comité de Admisiones bajo un arreglo representativo similar, que tenía catorce miembros. El Comité de Expertos se encargó de preparar el borrador inicial mientras que el Comité de Admisibilidad supervisó el cumplimiento de los doce principios básicos del borrador que fueron aceptados por todas las partes del Acuerdo para Chile. El Congreso también codificó las reglas de elaboración de la constitución, incluidas las disposiciones para la aprobación y el rechazo de proyectos de artículos que requerían una mayoría de tres quintos en los procedimientos.
El Consejo Constitucional llevará el proceso más allá trabajando en un borrador preparado por el Comité de Expertos. El consejo de cincuenta miembros es elegido por voto popular con un escaño reservado para los nativos y tendrá cinco meses para preparar el proyecto final. El 7 de mayo se llevó a cabo la elección de escaños en el Consejo Constitucional, en la que veintitrés escaños fueron para los republicanos de extrema derecha y once escaños para la coalición de centroderecha Chile Seguro. La Unión de Centro Izquierda por Chile aseguró dieciséis escaños, lo que permitió efectivamente que una mayoría conservadora vetara las reformas sociales progresistas incluidas en el borrador de 2022. Las razones del resultado diametralmente opuesto incluyen la persistencia de la desinformación, la crisis económica de Chile y el bajo índice de aprobación de Boric. Además, el impulso detrás de las protestas de 2019 se ha desacelerado y muchos han calificado el borrador de 2022 como demasiado progresista. El sociólogo Camilo Godoy señala que el levantamiento de 2019 fue una catarsis contra el sistema neoliberal, pero que las sociedades ideologizadas no han cambiado significativamente su conciencia política para aceptar alternativas al neoliberalismo.
Estos acontecimientos sugieren que el futuro de este proceso puede ser desfavorable: podría haber un conflicto inminente entre la agenda oficial del presidente Boric y la influencia de los partidos de derecha en el proceso de elaboración de la Constitución. Los partidos de extrema derecha se oponen a redactar una nueva Constitución y apoyan la conservación de una anterior; por lo tanto, debe estudiarse su papel en este Consejo. En junio, el Comité de Expertos proporcionará un borrador preliminar que el Consejo utilizará como base. Durante los meses de junio y julio se permitirá la participación ciudadana mediante la presentación de propuestas, audiencias, diálogo con el Ayuntamiento y consultas online. En octubre, el Consejo tiene previsto presentar su primer borrador al Comité de Expertos y, en caso de desacuerdo, se formará un comité de seis miembros cada uno de ambos organismos para finalizar y armonizar. La propuesta constitucional final se presentará al presidente el 7 de noviembre. El 17 de diciembre de 2023, este proyecto será sometido a referéndum constitucional para que los ciudadanos lo acepten o lo rechacen, poniendo fin a un segundo intento de redacción de una nueva Constitución.
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