La crisis migratoria en la frontera entre Chile y Perú se intensificó la semana pasada cuando cientos de personas varadas intentaron regresar a su país de origen, Venezuela, pero no pudieron cruzar a Perú debido a restricciones de documentos. En la frontera de los dos países sudamericanos, los migrantes se enfrentan al duro clima del desierto de Atacama, que es una de las regiones más secas del mundo y experimenta días muy calurosos y noches muy frías. Aunque algunos migrantes han instalado tiendas de campaña improvisadas con mantas, carecen de acceso a necesidades básicas como agua y otros servicios esenciales.
Oficiales peruanos impiden que un grupo de migrantes corra por el desierto hacia Perú. Varias mujeres del grupo expresaron sus quejas y exigieron que el gobierno del presidente Gabriel Boric dispusiera autobuses para transportarlas a Venezuela, informó AP.
Chile y Perú declararon estado de emergencia en la región
Las autoridades de Arica, una ciudad en el norte de Chile que limita con Perú y está a unos 2.000 kilómetros (1.245 millas) de la capital Santiago, declararon una emergencia migratoria el jueves.
Un día antes, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró el estado de emergencia en Tacna, ciudad cercana a la frontera con Chile, para “mantener el orden interno” y contener la llegada de migrantes. Al anunciar la medida, el presidente atribuyó “actos criminales” a los migrantes.
Boluarte ha manifestado su intención de abogar por una reforma constitucional que permita a las fuerzas armadas intervenir en las zonas fronterizas. En cambio, Boric había enviado tropas a la frontera a finales de febrero para ayudar a prevenir la afluencia de inmigrantes.
El gobierno de Chile solicitó una reunión con el embajador peruano, Jaime Pomareda, para expresar su descontento por la declaración del alcalde de Tacna, Pascual Guisa. Guisa calificó de “irresponsable” al presidente de Chile por intentar trasladar el problema migratorio de su país a la frontera. Pomareda no hizo declaraciones públicas sobre el encuentro.
El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, prometió “poner a disposición recursos” para ayudar a quienes lo necesitan, especialmente niños y ancianos. “Actuaremos tan rápido como sea necesario ante la crítica situación que afecta a las personas varadas en la frontera”, dijo Espíndola.
Como la situación sigue sin resolverse, Vlado Mirosevic, líder de la cámara baja del Congreso de Chile, propuso la creación de un corredor humanitario que involucre a todos los países de la región. El corredor propuesto tiene como objetivo aliviar la crisis y proporcionar un camino seguro para que los migrantes regresen a Venezuela.
El Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, reconoció que había importantes problemas humanitarios en la región y advirtió que la decisión de Boluarte de involucrar a las fuerzas armadas podría aumentar la presión en la frontera.
El reciente éxodo de migrantes de Chile se produjo tras un llamado de la Fiscalía Nacional el 10 de abril para que los fiscales aplicaran prisión preventiva a personas que cometieran delitos y no pudieran proporcionar pruebas de su identidad.
Además, actualmente se considera en la Cámara Baja del Congreso una propuesta para criminalizar la inmigración ilegal y establecer penas de prisión de hasta 541 días para quienes sean sorprendidos ingresando a Chile por medios no autorizados.
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