SANTIAGO, Chile (AP) — Los partidos políticos de izquierda a derecha de Chile acordaron intentar nuevamente reemplazar la constitución impuesta por la dictadura militar del general Augusto Pinochet hace cuatro décadas.

El acuerdo se anunció en el antiguo edificio del Congreso, el mismo lugar donde todo el establishment político de Chile, excepto el Partido Comunista, que no se uniría a ellos, acordó en 2019 comenzar el proceso constitucional que finalmente se convirtió en rechazado el 4 de septiembre por el 62% de los votantes.

El rechazo fue un doloroso revés para el presidente Gabriel Boric, quien argumentó que el documento marcaría el comienzo de una nueva era progresista. La actual Constitución de Chile es un documento promercado que favorece al sector privado sobre el Estado en aspectos como educación, pensiones y atención médica, y no menciona a la población indígena, que representa casi el 13% de la población.

La mayoría de los chilenos apoyan el cambio constitucional, pero en todo el país de 19 millones de habitantes, las encuestas muestran cautela en el proceso, lo que resultó en el surgimiento de una complicada carta que contiene 388 artículos que introducirían los derechos a la educación, la atención sanitaria y la vivienda gratuitas, así como establecer una región autónoma indígena, entre otras cosas.

Esta vez, los 14 partidos acordaron formar una nueva comisión con 24 expertos designados por el Congreso que creará un marco para que 50 personas elegidas democráticamente en abril de 2023 redacten una nueva carta. A ellos se unirán en la comisión representantes de la población indígena de Chile, cuyo número se determinará en la misma votación general.

El debate final del lunes por la noche giró en torno al número de comisionados y cómo seleccionarlos. El partido gobernante quiere que todos los involucrados sean elegidos, mientras que la oposición de derecha quiere una combinación de miembros designados y electos. Ambos cedieron para llegar a un acuerdo.

El acuerdo también exige una nueva carta que se basaría en una docena de principios constitucionales previamente determinados por los partidos políticos, incluido el de que Chile tenga un gobierno unitario pero descentralizado con poderes ejecutivo, judicial y legislativo separados e independientes.

Otros principios incluyen que las 11 comunidades indígenas de Chile deben ser reconocidas como parte del Estado chileno; y que se deben reconocer las libertades y derechos fundamentales, entre ellos, los derechos a la vida y a la propiedad, y que las fuerzas militares chilenas deben estar siempre subordinadas al gobierno civil.

Las partes también acordaron que un “árbitro” neutral defendería el respeto a estos principios básicos, compuesto por 14 jueces, uno por cada partido, designados por el Congreso.

El acuerdo del lunes por la noche debe ahora ser aprobado por una votación de 4 de 7 miembros del Congreso: 29 senadores y 89 diputados. Luego, los miembros tendrán cinco meses para redactar una nueva carta, que deberá ser aprobada o rechazada en una votación nacional obligatoria a finales del próximo año.