El nuevo proyecto de Carta Magna de Chile es el resultado de un año de debate sobre la Convención Constituyente de 154 miembros, que fue votada por voto popular. Es una salida política que ha encontrado el Estado para calmar las protestas que estallaron en octubre de 2019 por una mayor igualdad social.

Según el último sondeo del miércoles 3 de agosto de Criteria, la opción “denegar” lidera con un 45%, la opción “Acepto” ha subido hasta un 36%, cinco puntos más que el sondeo anterior.

Más de 15 millones de chilenos están habilitados para votar el 4 de septiembre y será la primera elección con voto obligatorio desde 2012.

“Se estima que de aquí a las próximas semanas estemos prácticamente al borde de un empate técnico entre las dos opciones”, dijo a la AFP Rodrigo Espinoza, politólogo de la Universidad Diego Portales.

No hay claridad sobre lo que sucederá si se produce el rechazo. Esta duda la planteó el propio presidente Gabriel Boric cuando aclaró que si eso sucediera, habría que volver a iniciar un nuevo proceso constitucional.

Entre los puntos más controvertidos criticados en la nueva Constitución está la “plurinacionalidad”, o sea el reconocimiento de varios pueblos indígenas y pueblos originarios, introduciendo divisiones comunitarias en el país que se formaron hace más de dos siglos a partir de ideales universalistas heredados de la Ilustración.

Además, se sustituirá el Senado por una Sala Regional con la garantía de una mayor representatividad regional, se constituirá un Consejo de la Judicatura en sustitución del Poder Judicial, con una sección especial de justicia consuetudinaria.

Un acuerdo destaca el carácter feminista y ambiental y la santificación de derechos básicos de la nueva propuesta, como el derecho a la salud, la educación y la vivienda adecuada, así como el privilegio del agua para el consumo humano.