Chile anunció el jueves un toque de queda en la región centro-sur, donde los incendios forestales han estado causando estragos durante más de una semana, dejando al menos 24 muertos.

Un toque de queda desde la medianoche hasta las 0500 entrará en vigencia el viernes en 28 municipios en las áreas más afectadas de Biobío, Ñuble y La Araucanía, dijo el jefe militar de Biobío, Jorge Keitel.

La medida tiene como objetivo evitar robos y saqueos en las zonas afectadas mientras unos 5.600 bomberos chilenos, apoyados por expertos de México, Colombia, España y Argentina entre otros países, combaten 90 incendios prioritarios de los 323 que siguen activos.

Esos esfuerzos sufrieron un revés el jueves cuando el US Ten Tanker enviado a Chile para ayudar sufrió problemas mecánicos por segunda vez esta semana.

Los aviones pueden arrojar unos 36.000 litros de agua.

Las llamas fueron provocadas por temperaturas superiores a los 40 grados centígrados (104 Fahrenheit) en muchas áreas en medio de severas condiciones de sequía, y las autoridades temen que las llamas puedan extenderse a otras áreas.

Los incendios han dejado 24 muertos y más de 2.000 heridos, y han destruido más de 300.000 hectáreas (741.316 acres) de bosque.

Más de 1.200 casas han sido destruidas, dejando a más de 5.500 personas sin hogar, según informes oficiales.

Unas 20 personas han sido arrestadas bajo sospecha de iniciar algunos de los incendios.

El miércoles, el presidente Gabriel Boric dijo que el toque de queda era necesario “para garantizar la seguridad de los afectados por la emergencia”.

El general Rubén Castillo, jefe militar de La Araucanía, dijo el jueves que el toque de queda implicaba restricciones al transporte público, “especialmente en la provincia de Malleco”.

Es una de las provincias más afectadas por los enfrentamientos entre tropas estatales y grupos indígenas mapuches.

Luchando por la restauración de tierras ancestrales que fueron incautadas por el Estado chileno hace más de un siglo y ahora en manos de empresas madereras, los mapuches son acusados ​​de ataques incendiarios a la propiedad privada.

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