Después de cinco meses de trabajo en el antiguo Congreso de Santiago, Chile, el Consejo Constitucional de 50 miembros elegido en mayo pasado aprobó la nueva Constitución propuesta. Este texto pretendía reemplazar el texto adoptado durante la dictadura de Pinochet en 1980. La propuesta fue aprobada con 33 votos del Consejo Constitucional de 50 miembros, dominado por concejales de derecha.

La nueva propuesta constitucional será presentada formalmente al presidente Gabriel Boric el 7 de noviembre, quien convocará a un referéndum obligatorio el 17 de diciembre.

En septiembre del año pasado, el 64% de los votantes rechazó una propuesta inicial para una reforma institucional progresista redactada por una Asamblea Constituyente compuesta en gran parte por grupos independientes de movimientos sociales. Esta es la segunda vez en los últimos años que Chile propone una nueva redacción constitucional. Alrededor del 80% de los chilenos votaron en 2020 a favor de redactar una nueva Constitución.

Esta nueva versión, muy conservadora, todavía parece poco convincente. Según la última encuesta, el 24% consideraría votar por una nueva Constitución, el 54% se opondría y el 22% no sabía o no respondió. Los legisladores que redactaron la ley siempre se han opuesto a la idea de reemplazar la Constitución de Pinochet, dijo Claudia Heiss, politóloga de la Universidad de Chile. Este texto defenderá la desigualdad que provocó el estallido social de octubre de 2019.

El proceso constitucional de Chile comenzó después de las protestas de 2019 que culminaron con un millón de personas que se manifestaron en la capital, Santiago, exigiendo acceso universal a la salud y la educación, así como un aumento significativo de la financiación de las pensiones. En la Constitución actual, el modelo implícito es el modelo estatal subsidiario, que otorga un papel importante al sector privado en la provisión de derechos sociales.