SANTIAGO, Chile (AP) — La crisis migratoria en la frontera entre Chile y Perú se intensificó el jueves cuando cientos de personas quedaron varadas, sin poder cruzar a Perú en un intento de regresar a su natal Venezuela.

La mayoría de los migrantes venezolanos intenta cruzar a Perú para continuar hacia su país de origen, pero Perú no les permite ingresar porque no tienen los documentos.

Detenidos en la frontera de dos países sudamericanos, los migrantes se enfrentan al clima inhóspito que caracteriza al desierto de Atacama, uno de los más secos del planeta, con días extremadamente calurosos y noches muy frías. Algunos han instalado tiendas de campaña improvisadas con mantas, pero carecen de agua y otros servicios básicos.

Un grupo de migrantes corre por el desierto hacia Perú, pero los funcionarios peruanos los rechazan. Algunas mujeres denunciaron y demandaron al gobierno del presidente Gabriel Boric proporcionando autobuses para que viajen a Venezuela.

Las imágenes muestran a los migrantes empujando a los agentes de la patrulla fronteriza peruana en un intento de ingresar al país.

Las autoridades de Arica, una ciudad del norte de Chile fronteriza con Perú y a unos 2.000 kilómetros (1.245 millas) de la capital Santiago, declararon el jueves una emergencia migratoria.

La víspera, la Presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró estado de emergencia en Tacna, localidad cercana a la frontera con Chile, para “mantener el orden interno” y contener la llegada de migrantes. Al anunciar la medida, el mandatario atribuyó “actos delictivos” a los migrantes.

Boluarte dijo que impulsará una reforma constitucional para “permitir que las fuerzas armadas intervengan en las zonas fronterizas”. Boric, por su parte, ya desplegó tropas en la frontera a fines de febrero para ayudar a detener la afluencia de migrantes.

Amnistía Internacional insta a Perú y Chile a poner fin a lo que llama la “militarización” de la frontera. Los líderes de ambos lados “no necesitan escalar la situación, convirtiéndola en una crisis humanitaria que ponga en riesgo la vida y la seguridad de estas personas”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

El gobierno chileno citó al embajador peruano Jaime Pomareda para expresar su descontento por las declaraciones del alcalde de Tacna, Pascual Guisa, quien calificó al presidente chileno de “irresponsable” por lo que el enviado llamó un intento de trasladar el tema migratorio del país a la frontera. Pomareda no hizo comentarios públicos sobre la reunión.

El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, se comprometió a “brindar recursos” para apoyar a los más necesitados, especialmente a niños y ancianos.

“Actuaremos con la rapidez que requiera la situación crítica que afecta a las personas varadas en esta frontera”, dijo Espíndola.

En medio del estancamiento, el presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de Chile, Vlado Mirosevic, pidió un corredor humanitario que involucre a todos los países de la región para resolver la crisis y permitir que los migrantes regresen a Venezuela de manera segura.

El canciller de Chile, Alberto van Klaveren, advirtió que había “importantes problemas humanitarios en el área” y dijo que la decisión de Boluarte “aumentó la presión” en la frontera.

La salida de los migrantes de Chile se produjo poco después de que la Fiscalía Nacional solicitara el 10 de abril a los fiscales que soliciten la prisión preventiva para cualquier persona sorprendida cometiendo un delito que no pueda acreditar su identidad.

Además, una ley que se debatirá en la Cámara Baja del Congreso tipificaría la inmigración irregular como un delito y propondría una pena de prisión de hasta 541 días para cualquier persona sorprendida ingresando a Chile por canales no oficiales.