SANTIAGO (AFP) – Los camioneros chilenos levantaron el bloqueo vial que habían impuesto para protestar por el asesinato de un colega, luego de que el gobierno prometiera nuevas medidas de seguridad el sábado (12 de febrero).

Los camioneros han bloqueado carreteras y levantado barricadas desde los enfrentamientos del jueves en los que murió un colega cerca de la norteña ciudad de Antofagasta.

Durante las protestas, grandes plataformas bloquearon carreteras en el norte y centro de Chile, así como en las afueras de la capital Santiago.

En la ciudad portuaria norteña de Iquique, camiones bloquearon las carreteras que conducen al aeropuerto, lo que obligó a cancelar todos los vuelos entrantes y salientes.

La policía dijo que el conductor del camión murió cuando tres venezolanos arrojaron piedras a su puente porque se negó a llevarlos.

Tres presuntos atacantes han sido arrestados.

Para apaciguar a los conductores que protestan, el gobierno anunció el sábado nuevas medidas de lucha contra el crimen en el norte del país que permitirían al ejército ayudar a la policía y mejorar la vigilancia de las carreteras desde tierra y por avión.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, anunció la medida después de una reunión de cinco horas con el sindicato de camioneros. Dijo que entrarían en vigor el lunes.

La inmigración ha sido un tema delicado en Chile a medida que los profundos problemas económicos de Venezuela, de donde millones han huido en busca de una vida mejor, se extienden por América Latina.

En ciudades y caminos del norte de Chile, es común ver a familias de migrantes venezolanos acampando en lugares públicos y pidiendo limosna mientras buscan trabajo y comienzan una nueva vida.

La muerte del camionero provocó llamados a más protestas contra los inmigrantes como las que han ocurrido en Iquique y en otras partes del norte de Chile durante las últimas tres semanas.

El sábado entró en vigencia una nueva ley de inmigración que, según el gobierno chileno, otorga a las autoridades mayores poderes para expulsar a los extranjeros que tengan documentos falsos o hayan evadido los controles migratorios.