La crisis migratoria en la frontera entre Chile y Perú se intensificó la semana pasada cuando cientos de personas varadas intentaron regresar a su Venezuela natal pero no pudieron cruzar a Perú debido a restricciones relacionadas con el papeleo. En la frontera de los dos países sudamericanos, los migrantes se enfrentan al duro clima del desierto de Atacama, que es una de las zonas más secas del mundo y experimenta días muy calurosos y noches muy frías. Si bien algunos migrantes han levantado tiendas de campaña improvisadas con mantas, carecen de acceso a elementos básicos como agua y otros servicios esenciales.

Oficiales peruanos impiden que un grupo de migrantes corra por el desierto hacia Perú. Varias mujeres del grupo expresaron sus quejas y exigieron que el gobierno del presidente Gabriel Boric organice un autobús para transportarlas a Venezuela, informó AP.

Chile y Perú declaran estado de emergencia en la región

Las autoridades de Arica, una ciudad del norte de Chile fronteriza con Perú y a unos 2.000 kilómetros (1.245 millas) de la capital Santiago, declararon el jueves una emergencia migratoria.

Un día antes, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró estado de emergencia en Tacna, localidad cercana a la frontera con Chile, para “mantener el orden interno” y contener la llegada de migrantes. Al anunciar la medida, el mandatario atribuyó “actos delictivos” a los migrantes.

Boluarte ha manifestado su intención de abogar por reformas constitucionales que permitan a las fuerzas armadas intervenir en la zona fronteriza. En cambio, Boric había enviado tropas a la frontera a fines de febrero para ayudar a mantener alejados a los inmigrantes.

El gobierno chileno solicitó una reunión con el embajador peruano Jaime Pomareda para expresar su descontento con las declaraciones del alcalde tacna Pascual Guisa. Guisa calificó de “irresponsable” al presidente de Chile por intentar trasladar el tema migratorio del país a la frontera. Pomareda no hizo ninguna declaración pública sobre la reunión.

El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, se comprometió a ‘brindar recursos’ para apoyar a los más necesitados, especialmente a niños y ancianos. “Actuaremos tan pronto como haya una situación crítica que afecte a las personas varadas en esta frontera”, dijo Espíndola.

Como la situación aún no estaba resuelta, Vlado Mirosevic, líder de la Cámara de Diputados del Congreso chileno, propuso establecer un corredor humanitario que involucre a todos los países de la región. El corredor propuesto tiene como objetivo aliviar la crisis y brindar a los migrantes una ruta segura de regreso a Venezuela.

El canciller de Chile, Alberto van Klaveren, reconoció los importantes problemas humanitarios en la región y advirtió que la decisión de Boluarte de involucrar a las fuerzas armadas podría aumentar la presión en las fronteras.

El reciente éxodo de migrantes de Chile sigue a un llamado de la Fiscalía Nacional el 10 de abril para que los fiscales soliciten la prisión preventiva para las personas que han cometido delitos y no pueden proporcionar prueba de su identidad.

Además, actualmente se encuentra en estudio en la Cámara Baja del Congreso una propuesta para criminalizar la inmigración ilegal y establecer penas de prisión de hasta 541 días para quienes sean sorprendidos ingresando a Chile por medios no oficiales.